El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que aprobó el último Consejo de Ministros, pretende incrementar los ingresos derivados de la lucha contra el fraude en 4.000 millones de euros de aquí a 2013, puesto que permitirá evitar una caída de ingresos de 3.000 millones de euros y sumar unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB, unos 1.000 millones más.
Así lo han explicado fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que subrayaron que de no ponerse en marcha un plan de este tipo los ingresos tributarios caerían de aquí a tres años desde los 8.119 millones de euros recaudados en 2009 gracias a la estrategia de lucha contra el fraude.
De esta forma, al final del periodo previsto se habría aumentado la recaudación procedente de la lucha contra el fraude, cuando en un contexto de menor crecimiento económico lo normal sería que bajara, ya que al caer la actividad y los beneficios empresariales el propio fraude es menor. Al margen del resultado económico obtenido contra el fraude fiscal que aumentó desde los 5.526 millones ingresados por la Agencia Tributaria (
AEAT) en 2005 hasta los 8.119 millones de 2009, se añaden los 6.405 millones recaudados por la Seguridad Social en esos cinco años a los que hay que añadir otros 146,8 millones correspondientes al embargo de devoluciones tributarias de empresas y particulares que no estaban al corriente de sus obligaciones sociales.
El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, citado no olvida como viene siendo habitual, el ámbito Sanitario, como objetivo recaudatorio, anunciándose nuevamente el control de los falsos autónomos, las horas extra no declaradas, las bajas indebidas, y en general el posible fraude que pudiera existir en materia de afiliación, altas, cotización, prestaciones y bonificaciones, junto a posibles irregularidades con trabajadores extranjeros, estableciéndose actuaciones conjuntas de AEAT, Seguridad Social e Inspección de Trabajo, que compartirán toda la información disponible y que se coordinarán en la recaudación de los tributos y de las cotizaciones sociales.
El sector sanitario privado ha venido sufriendo en los últimos años iniciativas como el derogado Criterio Técnico 62/2008 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo que con una finalidad exclusivamente recaudatoria y sobre la base inaceptable de la presunción generalizada de fraude, en una actividad absolutamente reglada, ignoró los graves efectos “colaterales” (quizás los más importantes) sobre la gestión del Sistema Nacional de Salud y la atención a los pacientes, lo que hizo se tuviera que establecer un nuevo Criterio Técnico, el 79/2009 sobre Régimen de Seguridad Social aplicable a los profesionales sanitarios de los establecimientos sanitarios privados, que incorporó al mismo aquellas situaciones en las que concurriera el supuesto de pluriempleo o pluriactividad, lo que supuso la incorporación a modo de garantía jurídica para las clínicas privadas del principio de prorrateo por los citados supuestos evitándose así los excesos de cotización, y desapareciendo totalmente de su texto cualquier referencia al fraude. Y por último como disposición adicional en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, el Encuadramiento en la Seguridad Social del personal estatutario de los Servicios de Salud que realizara actividades complementarias privadas, lo que puso de manifiesto lo injusto de las medidas sufridas en el ámbito sanitario.
El sector sanitario privado representa más del 30 por ciento del conjunto de la sanidad española. Dispone de equipamiento y de recursos humanos muy importantes para la atención de los pacientes y para contribuir a que el conjunto de la sanidad de nuestro país tenga una alta valoración a nivel interno e internacional colaborando con el Sistema Nacional de Salud a través de muy diversas facetas señaladamente a través de conciertos, pero también, a través del aseguramiento privado o de atención privada directa. Siendo patente que la carga asistencial del Sistema Nacional de Salud se ve considerablemente atenuada por la acción asistencial que se desarrolla por el sector sanitario privado.
La reducción de listas de espera en los servicios autonómicos de salud, la segunda opinión, la realización ágil de pruebas diagnósticas, la promoción de actividades prevencionistas y de diagnóstico precoz, así como los tratamientos prolongados pero que requieren indicación e instauración urgentes son algunas muestras de la importancia que la actividad sanitaria privada tiene en nuestro país y lo relevante que es para disminuir las tensiones, dificultades y problemas asistenciales que afectan a diario a nuestro Sistema Nacional de Salud.
Los problemas de financiación sanitaria que inciden gravemente sobre el Sistema Público, se han visto incrementados por la falta de un desarrollo acompasado de infraestructuras y de recursos humanos, sobre todo habida cuenta de que la población a atender por los Servicios de Salud se ha incrementado en más de 6 millones de ciudadanos en los últimos 8 años. Es, pues, necesario tener en cuenta los efectos que sobre el Sistema Nacional de Salud pueden tener decisiones exclusivamente recaudatorias que puedan poner en riesgo infraestructuras y recursos humanos del sector sanitario privado con decisiones generalizadas de este tipo y al margen del Ministerio de Sanidad, olvidando las consecuencias sanitarias y económicas derivadas, singularmente en una etapa de crisis económica como la que vive nuestro país.
Publicado en Redacción Médica el martes 16 de marzo de 2010. Número 1192. Año VI.
Así lo han explicado fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que subrayaron que de no ponerse en marcha un plan de este tipo los ingresos tributarios caerían de aquí a tres años desde los 8.119 millones de euros recaudados en 2009 gracias a la estrategia de lucha contra el fraude.
De esta forma, al final del periodo previsto se habría aumentado la recaudación procedente de la lucha contra el fraude, cuando en un contexto de menor crecimiento económico lo normal sería que bajara, ya que al caer la actividad y los beneficios empresariales el propio fraude es menor. Al margen del resultado económico obtenido contra el fraude fiscal que aumentó desde los 5.526 millones ingresados por la Agencia Tributaria (
AEAT) en 2005 hasta los 8.119 millones de 2009, se añaden los 6.405 millones recaudados por la Seguridad Social en esos cinco años a los que hay que añadir otros 146,8 millones correspondientes al embargo de devoluciones tributarias de empresas y particulares que no estaban al corriente de sus obligaciones sociales.El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, citado no olvida como viene siendo habitual, el ámbito Sanitario, como objetivo recaudatorio, anunciándose nuevamente el control de los falsos autónomos, las horas extra no declaradas, las bajas indebidas, y en general el posible fraude que pudiera existir en materia de afiliación, altas, cotización, prestaciones y bonificaciones, junto a posibles irregularidades con trabajadores extranjeros, estableciéndose actuaciones conjuntas de AEAT, Seguridad Social e Inspección de Trabajo, que compartirán toda la información disponible y que se coordinarán en la recaudación de los tributos y de las cotizaciones sociales.
El sector sanitario privado ha venido sufriendo en los últimos años iniciativas como el derogado Criterio Técnico 62/2008 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo que con una finalidad exclusivamente recaudatoria y sobre la base inaceptable de la presunción generalizada de fraude, en una actividad absolutamente reglada, ignoró los graves efectos “colaterales” (quizás los más importantes) sobre la gestión del Sistema Nacional de Salud y la atención a los pacientes, lo que hizo se tuviera que establecer un nuevo Criterio Técnico, el 79/2009 sobre Régimen de Seguridad Social aplicable a los profesionales sanitarios de los establecimientos sanitarios privados, que incorporó al mismo aquellas situaciones en las que concurriera el supuesto de pluriempleo o pluriactividad, lo que supuso la incorporación a modo de garantía jurídica para las clínicas privadas del principio de prorrateo por los citados supuestos evitándose así los excesos de cotización, y desapareciendo totalmente de su texto cualquier referencia al fraude. Y por último como disposición adicional en la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, el Encuadramiento en la Seguridad Social del personal estatutario de los Servicios de Salud que realizara actividades complementarias privadas, lo que puso de manifiesto lo injusto de las medidas sufridas en el ámbito sanitario.
El sector sanitario privado representa más del 30 por ciento del conjunto de la sanidad española. Dispone de equipamiento y de recursos humanos muy importantes para la atención de los pacientes y para contribuir a que el conjunto de la sanidad de nuestro país tenga una alta valoración a nivel interno e internacional colaborando con el Sistema Nacional de Salud a través de muy diversas facetas señaladamente a través de conciertos, pero también, a través del aseguramiento privado o de atención privada directa. Siendo patente que la carga asistencial del Sistema Nacional de Salud se ve considerablemente atenuada por la acción asistencial que se desarrolla por el sector sanitario privado.
La reducción de listas de espera en los servicios autonómicos de salud, la segunda opinión, la realización ágil de pruebas diagnósticas, la promoción de actividades prevencionistas y de diagnóstico precoz, así como los tratamientos prolongados pero que requieren indicación e instauración urgentes son algunas muestras de la importancia que la actividad sanitaria privada tiene en nuestro país y lo relevante que es para disminuir las tensiones, dificultades y problemas asistenciales que afectan a diario a nuestro Sistema Nacional de Salud.
Los problemas de financiación sanitaria que inciden gravemente sobre el Sistema Público, se han visto incrementados por la falta de un desarrollo acompasado de infraestructuras y de recursos humanos, sobre todo habida cuenta de que la población a atender por los Servicios de Salud se ha incrementado en más de 6 millones de ciudadanos en los últimos 8 años. Es, pues, necesario tener en cuenta los efectos que sobre el Sistema Nacional de Salud pueden tener decisiones exclusivamente recaudatorias que puedan poner en riesgo infraestructuras y recursos humanos del sector sanitario privado con decisiones generalizadas de este tipo y al margen del Ministerio de Sanidad, olvidando las consecuencias sanitarias y económicas derivadas, singularmente en una etapa de crisis económica como la que vive nuestro país.
Publicado en Redacción Médica el martes 16 de marzo de 2010. Número 1192. Año VI.
1 comentario:
Nada nuevo bajo el sol. Lo curioso es que cuando levantan sus actas, cambian el "ánimo de lucro" por "afán de lucro", y son incapaces de reconocer la evidencia de su "afán recaudatorio". Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Aunque me ha salido muy bíblico, enhorabuena por el blog.
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