¿ES LA EUTANASIA UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA?

En una entrevista publicada el pasado domingo en el diario El Mundo, el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, admitía que la eutanasia “es una asignatura pendiente en la sociedad española” y que, por lo tanto, en algún momento debe plantearse su legalización, mostrándose partidario de abogar por generar un específico marco legal, lo que contrasta con la posición mantenida por el mismo ministerio, quien a través de su predecesora en el cargo, Elena Salgado, en diciembre de 2005, dejaba claro que “no es necesario abrir un debate sobre la eutanasia. La línea a seguir es el testamento vital y la extensión de los cuidados paliativos”, haciéndose eco así de la preocupación, los temores de una profesión y el confusionismo existente en torno a este debate, motivada por el tratamiento periodístico, que no científico y jurídico, en el que es y sigue siendo constante la mezcla de conceptos tales como cuidados paliativos, sedación terminal y eutanasia.

Estaba entonces y sigo estando de acuerdo que debe desarrollarse una estrategia en materia de cuidados paliativos que dé más seguridad a los profesionales, y que les proteja con un marco legal adecuado. No pueden seguir como están en estos momentos . Si el médico es “el garante de los derechos de los pacientes”, es evidente que “nunca deberá decidir de forma unilateral sobre la vida y la muerte de una persona”, lo que colisiona frontalmente con la responsabilidad que se derivará cuando el médico se niegue a aliviar el dolor que el paciente terminal le pida, mediante la aplicación de sedantes, aún a sabiendas que ello puede acortar su vida. En este ejemplo, el médico que no aplique cuidados paliativos y permita, en contra de la voluntad del enfermo, que éste continúe con su sufrimiento será responsable de unas lesiones por omisión, sin que pueda en este supuesto el médico acogerse, para evitar su responsabilidad, a no querer provocar la probable anticipación de la muerte.

Si queremos que el médico sea nuestro garante, si queremos que su ejercicio profesional proporcione calidad de vida a los enfermos incurables sin intentar alargar sus supervivencias a base de dolor, tendremos que empezar a pensar en los médicos como lo que son, “la garantía real de nuestros derechos”, lo que conlleva en proporcionarles marcos profesionales, laborales y legales adecuados.

La sedación debe prestarse en un marco clínico adecuado (en el que se garantice la correcta indicación de la sedación y el seguimiento de los procedimientos establecidos al efecto), así como un riguroso marco jurídico y ético de aplicación.

Y digo que se precisa la exigencia de un riguroso respeto al marco jurídico y ético de aplicación porque, precisamente, la vulnerabilidad del paciente anciano, o simplemente enfermo en las últimas etapas de la vida suele ser consecuencia de una mayor presencia de situaciones de incapacidad, de una mayor manifestación de alteraciones mentales y afectivas y de una mayor frecuencia de imposibilidad de regirse por sí mismos, extremos éstos que implican una serie de consideraciones específicas que condicionan la corrección y adecuación a derecho del proceso de sedación

Es, pues, en el marco que se viene describiendo, donde se ha planteado cuál es el alcance de las decisiones de la persona sobre el final de su vida y cuál es la misión de los profesionales sanitarios en este punto, levantándose algunas voces que solicitan una legislación permisiva para la actuación médica encaminada a finalizar la vida del enfermo que así lo solicite.

En este debate sobre la regulación de la eutanasia, que se efectúa una vez mas al margen de los profesionales sanitarios, pero pensando en ellos como “agentes”, se olvida la extremadamente delicada cuestión, que presenta un agudo dilema moral generador del enfrentamiento entre los dos principios fundamentales del derecho a la vida y el derecho a morir dignamente, que es la traducción del derecho a disponer de la propia vida, basado asimismo en la libertad como valor absoluto, lo que exige suma cautela y desde luego la opinión de los profesionales de la salud.

Es un hecho constatable que el progresivo aumento del envejecimiento en el último siglo debido, en gran parte, a los avances de la ciencia médica, ha provocado un aumento de la esperanza de vida de la población. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 60 por ciento de los fallecimientos que se produzcan en el año 2025 afectarán a personas mayores de 65 años, y de estos el 40 por ciento serán personas mayores de 75 años.

De este modo, el envejecimiento de la población es uno de los factores que han de tenerse en cuenta en la planificación de las políticas sanitarias, al ser, cada vez mayor, el número de ancianos que demandan la prestación de la asistencia sanitaria, hecho este que condiciona la necesidad de una prestación que incluya, desde la prevención de la incapacidad hasta la asistencia al final de la vida, final de la vida en la que la eutanasia activa directa no es precisamente ni una cuestión médica, ni un problema de la calle.

Problemas de la calle eran el acceso de las españolas a la vacunación contra el virus del papiloma humano, en mi opinión bien resuelto por el ministro de Sanidad, al margen de consideraciones políticas, mediante la aprobación de un calendario de vacunación universal, como ya ocurre en otros países europeos como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Italia y Suiza. O son conseguir una atención sanitaria sin desigualdades por razón de la Comunidad Autónoma a la que se pertenece, y no solamente en la atención y tratamiento que reciben los diabéticos, con los que ha establecido un compromiso de equidad, que igualmente se aplaude. Problema de la calle es el de miles de familias españolas que se ven obligadas a acudir a otros países europeos en los que el almacenamiento en bancos privados de la sangre de cordón umbilical cuentan con un marco normativo que permite optar libremente entre el depósito y la donación, y no solamente desde la perspectiva única de la donación con destino a bancos públicos, que los utilizan con fines terapéuticos, dependientes de la Organización Nacional de Trasplantes, olvidando un derecho enraizado con la propia autonomía de la libertad de los padres ó tutores de los niños a conservar a través del depósito de células madre, la sangre proveniente de los cordones umbilicales para su uso en trasplantes en el tratamiento de enfermedades como la leucemia, el linfoma o ciertos tumores infantiles.

Problemas de la calle desde el punto de vista profesional serán las diferencias existentes en las condiciones de trabajo, retribuciones y carrera profesional de nuestros profesionales sanitarios en España, dependiendo de cada comunidad autónoma, puesto que las diferencias retributivas en el caso de los médicos entre comunidades son considerables. Esas diferencias retributivas significan que los salarios pueden variar hasta en un 30 por ciento dependiendo de las autonomías ó en las guardias médicas donde las diferencias pueden llegar hasta un 50 por ciento, todo ello sin hablar de la productividad variable que van de 0 a 4.400 euros anuales. Ó la prescripción delegada de los enfermeros, realidad social que merece su inmediato desarrollo normativo igualmente real, junto al desarrollo de las especialidades de Enfermería que sufren un retraso absolutamente injustificado.

Sería un largo etcétera el de los problemas reales de la calle, pero desde luego problema real, real de la calle, no es, desde luego en mi opinión, la legalización de la eutanasia.

Publicado en Redacción Médica el Martes 11 de Septiembre de 2007.Número 620.AÑO III