El sector sanitario privado representa más del 30% del conjunto de la sanidad española. Dispone de equipamiento y de recursos humanos muy importantes para la atención de los pacientes y para contribuir a que el conjunto de la sanidad de nuestro país tenga una alta valoración a nivel interno e internacional.
La colaboración con el Sistema Nacional de Salud se desarrolla a través de muy diversas facetas. En ocasiones tal colaboración se articula a través de conciertos, pero en otros supuestos, muy importantes cuantitativamente hablando, se llevan a cabo en virtud de aseguramiento privado o de atención privada directa.
Es evidente que más de ocho millones de pólizas de aseguramiento sanitario, que se mantienen constantes en el tiempo, expresan bien a las claras la alta valoración que merecen las clínicas privadas para los pacientes.
También es patente que la carga asistencial del Sistema Nacional de Salud se ve considerablemente atenuada por la acción asistencial que se desarrolla por las clínicas privadas.
La reducción de listas de espera en los servicios autonómicos de salud, la segunda opinión, la realización ágil de pruebas diagnósticas
, la promoción de actividades prevencionistas y de diagnóstico precoz, así como los tratamientos prolongados pero que requieren indicación e instauración urgentes son algunas muestras de la importancia que la actividad sanitaria de clínicas privadas tiene en nuestro país y lo relevante que es para disminuir las tensiones, dificultades y problemas asistenciales que afectan a diario a nuestro Sistema Nacional de Salud.
Los problemas de financiación sanitaria que inciden gravemente sobre el Sistema Público, se han visto incrementados por la falta de un desarrollo acompasado de infraestructuras y de recursos humanos, sobre todo habida cuenta de que la población a atender por los Servicios de Salud se ha incrementado en más de 6 millones de ciudadanos en los últimos 8 años.
Es, pues, necesario tener en cuenta los efectos que sobre el Sistema Nacional de Salud tendría la puesta en riesgo de las infraestructuras y recursos humanos del sector sanitario privado con políticas o decisiones adaptadas al margen del Ministerio de Sanidad y olvidando las consecuencias sanitarias y económicas derivadas, singularmente en una etapa de crisis económica como la que vive nuestro país.
Pero más allá de la problemática de la gestión asistencial, es preciso destacar también el significado que para los profesionales sanitarios tiene el sector de clínicas privadas.
En este sentido hay que subrayar que la alta calidad de nuestros profesionales sanitarios no guarda siempre correspondencia con las retribuciones que el Sistema Público puede sufragar. Por ello no es de extrañar que una parte considerable de dichos profesionales complementen sus ingresos pasando consulta en centros o instituciones privadas en función de sus propios criterios y con la dimensión y alcance que cada uno considere necesario o conveniente, asumiendo su propio riesgo desde el punto de vista organizativo y de costes.
Todas estas y más razones, son las que están movilizando al sector sanitario privado, como consecuencia de la sorprendentemente iniciativa de la Dirección General de la Inspección de Trabajo (Criterio 62/2008), que con una finalidad exclusivamente recaudatoria y sobre la base inaceptable de la presunción generalizada de fraude, en una actividad absolutamente reglada, ignora los graves efectos que su puesta en aplicación tendría para los centros e instituciones privadas sanitarias, obviando “interesadamente” y por completo los efectos “colaterales” (quizás los más importantes) sobre la gestión del Sistema Nacional de Salud y la atención a los pacientes.
Publicado en Redacción Médica el Jueves, 19 de febrero de 2009.
La colaboración con el Sistema Nacional de Salud se desarrolla a través de muy diversas facetas. En ocasiones tal colaboración se articula a través de conciertos, pero en otros supuestos, muy importantes cuantitativamente hablando, se llevan a cabo en virtud de aseguramiento privado o de atención privada directa.
Es evidente que más de ocho millones de pólizas de aseguramiento sanitario, que se mantienen constantes en el tiempo, expresan bien a las claras la alta valoración que merecen las clínicas privadas para los pacientes.
También es patente que la carga asistencial del Sistema Nacional de Salud se ve considerablemente atenuada por la acción asistencial que se desarrolla por las clínicas privadas.
La reducción de listas de espera en los servicios autonómicos de salud, la segunda opinión, la realización ágil de pruebas diagnósticas
, la promoción de actividades prevencionistas y de diagnóstico precoz, así como los tratamientos prolongados pero que requieren indicación e instauración urgentes son algunas muestras de la importancia que la actividad sanitaria de clínicas privadas tiene en nuestro país y lo relevante que es para disminuir las tensiones, dificultades y problemas asistenciales que afectan a diario a nuestro Sistema Nacional de Salud.Los problemas de financiación sanitaria que inciden gravemente sobre el Sistema Público, se han visto incrementados por la falta de un desarrollo acompasado de infraestructuras y de recursos humanos, sobre todo habida cuenta de que la población a atender por los Servicios de Salud se ha incrementado en más de 6 millones de ciudadanos en los últimos 8 años.
Es, pues, necesario tener en cuenta los efectos que sobre el Sistema Nacional de Salud tendría la puesta en riesgo de las infraestructuras y recursos humanos del sector sanitario privado con políticas o decisiones adaptadas al margen del Ministerio de Sanidad y olvidando las consecuencias sanitarias y económicas derivadas, singularmente en una etapa de crisis económica como la que vive nuestro país.
Pero más allá de la problemática de la gestión asistencial, es preciso destacar también el significado que para los profesionales sanitarios tiene el sector de clínicas privadas.
En este sentido hay que subrayar que la alta calidad de nuestros profesionales sanitarios no guarda siempre correspondencia con las retribuciones que el Sistema Público puede sufragar. Por ello no es de extrañar que una parte considerable de dichos profesionales complementen sus ingresos pasando consulta en centros o instituciones privadas en función de sus propios criterios y con la dimensión y alcance que cada uno considere necesario o conveniente, asumiendo su propio riesgo desde el punto de vista organizativo y de costes.
Todas estas y más razones, son las que están movilizando al sector sanitario privado, como consecuencia de la sorprendentemente iniciativa de la Dirección General de la Inspección de Trabajo (Criterio 62/2008), que con una finalidad exclusivamente recaudatoria y sobre la base inaceptable de la presunción generalizada de fraude, en una actividad absolutamente reglada, ignora los graves efectos que su puesta en aplicación tendría para los centros e instituciones privadas sanitarias, obviando “interesadamente” y por completo los efectos “colaterales” (quizás los más importantes) sobre la gestión del Sistema Nacional de Salud y la atención a los pacientes.
Publicado en Redacción Médica el Jueves, 19 de febrero de 2009.
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