Eugenio Moure, abogado especialista en Derecho Sanitario, publica en La Voz de Galicia un interesante artículo titulado “El fracaso de los Colegios profesionales”, en el que comenta, al hilo del debate sobre la colegiación obligatoria, si quizás el problema no radique tanto en una decisión jurídica sobre dicha obligatoriedad, sino en la revisión del rol de los colegios en la sociedad de nuestro tiempo. Es decir, si realmente esas entidades que nacieron en el siglo XIX son un anacronismo o todavía tienen sentido, a la vista de la realidad general que traducen las encuestas, que ofrece a una mayoría desafecta de unas organizaciones a las que ya no encuentran utilidad alguna.
Opina que el fracaso de los colegios profesionales reside en que no han sido capaces de reinventarse, de convertirse en auténticas plataformas globales de asesoramiento legal, profesional y formativo para sus colegiados. Se han desestructurado como resultado de una pugna por ostentar la representación del colectivo, poniendo como ejemplo que, en Galicia, tienen cuatro colegios de médicos, dos sindicatos de igual clase y varias asociaciones profesionales.
Y no le falta razón cuando vemos el proyecto amplio y profundo de modificación de la normativa de Colegios Profesionales, que conlleva la Ley Ómnibus, en el que no sólo se eliminarán las restricciones a la publicidad de los servicios profesionales, la función de los colegios de fijar baremos orientativos de honorarios y/o cualquier otra recomendación sobre precios, sino que se suprimirán las restricciones impuestas por los colegios al ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones, con la correspondiente revisión a la baja de las tarifas de colegiación, lo que conllevará numerosas modificaciones en su funcionamiento, pero especialmente sobre su rol futuro, en el que cuestiones como el concepto de profesión regulada, o la coordinación interadministrativa, haciéndose referencia a la relación entre la Directiva 2006/123 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior y la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, cobrarán especial significación.
No olvidemos que las
nuevas titulaciones fruto del proceso de Bolonia y el debate sobre el modelo de profesión liberal pueden generar una eclosión de títulos nuevos no reconocidos que choquen directamente con el objetivo de Ministerio de Ciencia e Innovación de situar a las universidades españolas entre las mejores de Europa en 2015. En todo esto es en donde los Colegios podrán ayudar a establecer más que nunca una distinción clara entre el título académico (graduado) y el título profesional (que habilita para el ejercicio profesional).
Por ello, pienso que la presencia de los Colegios Profesionales en una sanidad global es irrenunciable. Y lo es porque la salud es un bien que resiste a contemplaciones objetivas de cambio de bienes y servicios y se enuncia en términos de bienestar físico y social que reclaman enunciarse desde premisas de ética y solidaridad, como corresponde a un derecho anclado en la dignidad de la persona.
Al margen del papel normativo de las Administraciones Públicas en la garantía del acceso a las prestaciones de los sistemas asistenciales públicos, la persecución del bien salud requiere unas condiciones de confianza entre los actores sociales y de avance en las condiciones de los profesionales que lo proveen, que determinan que sean los Colegios los únicos garantes del disfrute de prestaciones sanitarias en condiciones de solidaridad, ética y progreso en la formación y en la calidad asistencial y a ello tienen derecho los pacientes y los usuarios de los sistemas de salud, cualesquiera que éstos sean, y nuestras corporaciones no pueden renunciar a su posición de garante de los derechos de los pacientes.
Y en este sentido, y al margen de la autocrítica que, necesariamente, deberán hacer algunas corporaciones, estoy de acuerdo con Eugenio Moure en que es fundamental transmitir la idea de que los Colegios Profesionales no son un reducto de intereses corporativos, sino los defensores de una asistencia sanitaria de calidad proponiendo y reivindicando las mejoras necesarias, como garantía máxima de los pacientes.
Publicado en Redacción Médica, Jueves, 2 de abril de 2009. Número 978. Año V
Opina que el fracaso de los colegios profesionales reside en que no han sido capaces de reinventarse, de convertirse en auténticas plataformas globales de asesoramiento legal, profesional y formativo para sus colegiados. Se han desestructurado como resultado de una pugna por ostentar la representación del colectivo, poniendo como ejemplo que, en Galicia, tienen cuatro colegios de médicos, dos sindicatos de igual clase y varias asociaciones profesionales.
Y no le falta razón cuando vemos el proyecto amplio y profundo de modificación de la normativa de Colegios Profesionales, que conlleva la Ley Ómnibus, en el que no sólo se eliminarán las restricciones a la publicidad de los servicios profesionales, la función de los colegios de fijar baremos orientativos de honorarios y/o cualquier otra recomendación sobre precios, sino que se suprimirán las restricciones impuestas por los colegios al ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones, con la correspondiente revisión a la baja de las tarifas de colegiación, lo que conllevará numerosas modificaciones en su funcionamiento, pero especialmente sobre su rol futuro, en el que cuestiones como el concepto de profesión regulada, o la coordinación interadministrativa, haciéndose referencia a la relación entre la Directiva 2006/123 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior y la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, cobrarán especial significación.
No olvidemos que las
nuevas titulaciones fruto del proceso de Bolonia y el debate sobre el modelo de profesión liberal pueden generar una eclosión de títulos nuevos no reconocidos que choquen directamente con el objetivo de Ministerio de Ciencia e Innovación de situar a las universidades españolas entre las mejores de Europa en 2015. En todo esto es en donde los Colegios podrán ayudar a establecer más que nunca una distinción clara entre el título académico (graduado) y el título profesional (que habilita para el ejercicio profesional).Por ello, pienso que la presencia de los Colegios Profesionales en una sanidad global es irrenunciable. Y lo es porque la salud es un bien que resiste a contemplaciones objetivas de cambio de bienes y servicios y se enuncia en términos de bienestar físico y social que reclaman enunciarse desde premisas de ética y solidaridad, como corresponde a un derecho anclado en la dignidad de la persona.
Al margen del papel normativo de las Administraciones Públicas en la garantía del acceso a las prestaciones de los sistemas asistenciales públicos, la persecución del bien salud requiere unas condiciones de confianza entre los actores sociales y de avance en las condiciones de los profesionales que lo proveen, que determinan que sean los Colegios los únicos garantes del disfrute de prestaciones sanitarias en condiciones de solidaridad, ética y progreso en la formación y en la calidad asistencial y a ello tienen derecho los pacientes y los usuarios de los sistemas de salud, cualesquiera que éstos sean, y nuestras corporaciones no pueden renunciar a su posición de garante de los derechos de los pacientes.
Y en este sentido, y al margen de la autocrítica que, necesariamente, deberán hacer algunas corporaciones, estoy de acuerdo con Eugenio Moure en que es fundamental transmitir la idea de que los Colegios Profesionales no son un reducto de intereses corporativos, sino los defensores de una asistencia sanitaria de calidad proponiendo y reivindicando las mejoras necesarias, como garantía máxima de los pacientes.
Publicado en Redacción Médica, Jueves, 2 de abril de 2009. Número 978. Año V
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